Mercosul Notícias: El gobierno argentino reclamará a exportadores agrarios u$s 1.763 millones

El gobierno de la presidenta argentina Cristina Elisabet Fernández comenzará esta semana procedimientos administrativos tendientes a recuperar 1.763 millones de dólares estadounidenses que los exportadores de maíz, trigo, soja y girasol en granos, pellets, aceite y harina vendieron pagando una alícuota inferior a la vigente, informa el domingo la agencia nacional de noticias Télam, citando un artículo del dario “Página/12” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.
Entre los exportadores involucrados, según el columnista Horacio Verbitsky, de “Página/12”, figuran  la Aceitera General Deheza, del senador justicialista cordobés Roberto Urquía; Cargill, Bunge, Nidera, Vicentín, Noble, ADM y la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA).
En la madrugada del pasado jueves el Senado rechazó el proyecto gubernamental de establecer retenciones (gravámenes) móviles a las exportaciones de soja y varios cereales, que tenía ya aprobación de la Cámara de Diputados.

La suma exacta del reclamo la determinarán la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la Aduana, a partir del cálculo en toneladas que realizó la ONCCA (Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario), organismo que supervisa las exportaciones de granos. .

En algún caso el procedimiento administrativo pudiera ser también el prolegómeno de denuncias penales por evasión y apropiación indebida de tributos, como el que la AFIP ya impulsó contra uno de los dirigentes de la Sociedad Rural Argentina (SRA)que encabezaron los cortes en la Provincia de Buenos Aires, René Ducret.

En todos los casos, el procedimiento para esta elusión impositiva consistió en registrar operaciones por adelantado, anticipándose a los aumentos en las alícuotas. Para ello bastaba una declaración jurada.

Esta maniobra, permitida por la ley de granos, permitía congelar el precio y la alícuota al día del registro y una resolución de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos (SAGPyA) otorgaba un plazo de 365 días al exportador para concretar la operación con aquellos valores.

Sólo los granos y sus subproductos están exceptuados de pagar al nivel y al precio del día de la exportación. En abril, al asumir como presidente de la Oficina de Control Comercial Agropecuario, a la que se asignó el control de las declaraciones juradas, Ricardo Echegaray redujo ese plazo de 365 a 45 días y dio comienzo una investigación sobre los hechos anteriores, que culminó esta semana.

Desde el 1º de noviembre de 2007 versiones de prensa dejaron saber que las retenciones se aumentarían del 27 al 35 por ciento y la SAGPyA dejó abierto el registro.

El incremento se formalizó el 9 de noviembre. En la semana previa se registraron 26,5 millones de toneladas, con la alícuota anterior.

A raíz de ello el diputado demoprogresista Rafael Martínez Raymonda presentó un proyecto de ley que la cámara aprobó, estableciendo que además de la declaración jurada será necesario acreditar la tenencia o adquisición de los granos y que quienes no pudieran hacerlo deberán pagar en forma retroactiva, “el mayor nivel de derechos de exportación”, es decir con la alícuota y al precio vigente al momento de la exportación y no a los del registro.

Por iniciativa del senador cordobés Roberto Urquía, la cámara revisora lo convirtió en “la mayor alícuota de derechos de exportación”, es decir con la nueva alícuota de retenciones pero al precio del día del registro.

El titular de la SAGPyA, Javier de Urquiza, nunca reglamentó la ley que lo convertía en autoridad de aplicación. Recién el 13 de mayo, por decreto presidencial, la ley fue reglamentada y esas competencias asignadas a Echegaray.

La investigación de la ONCCA cerrada el 14 de julio analizó la actividad de 57 empresas, que en 1316 declaraciones juradas registraron ventas futuras por 24,5 millones de toneladas.

Para ello cotejó las cifras de esas declaraciones con las que informan a la ONCCA los productores y acopiadores cuando realizan las ventas.

De este modo detectó que el 89 por ciento de las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior no estaba respaldado por la tenencia o adquisición de granos.

Esto equivale a un 85 por ciento de las exportaciones de soja, girasol, maíz y trigo, o sea 22,5 millones de toneladas, remarcó Verbitsky, citado por Télam..

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